6.08.10 - 00:52 -
MANRIQUE C. SÁNCHEZ ALICANTE./ La Verdad
MANRIQUE C. SÁNCHEZ ALICANTE./ La Verdad
La «trascendencia social» del presunto fraude y su sustento judicial moviliza por primera vez en la historia al Gobierno contra los amaños
La Abogacía del Estado se persona en la causa ya archivada para obtener las pruebas de los amaños
El último auto del juez parecía dejar en Primera al Hércules. Pero el asunto se ha enredado de tal forma que la culebra continuará moviéndose nerviosa, sin destino claro, durante el mes de agosto. No es que la Fiscalía haya recurrido la negativa del magistrado José Luis la Fuente a facilitar las intervenciones telefónicas que revelan la compra de partidos para ascender a Primera. La clave estriba ahora en que el Consejo Superior de Deportes (CSD), a través de la Abogacía del Estado, se ha personado en las diligencias y por lo tanto tiene ya acceso a las escuchas.
Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, el Estado ha decidido intervenir mediante un escrito presentado el pasado 3 de agosto, con el objetivo de «defender el interés público». Todo apunta a que los servicios jurídicos al servicio del Gobierno han actuado en este asunto a petición del propio secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky.
Esa maniobra jurídica permite a los organismos deportivos acceder a los indicios y pruebas que señalan al Hércules como un club tramposo por sus presuntos intentos de comprar a varias plantillas rivales (Salamanca, Recreativo de Huelva y Girona). Lissavetzky debe tener a estas horas la transcripción de las grabaciones sobre la mesa de su despacho. Otra cosa es que pueda utilizarlas.
Las conversaciones intervenidas en el marco de la 'Operación Brugal' han destapado que el amaño fructificó en la jornada 36 de la pasada temporada, cuando el máximo accionista del equipo, Enrique Ortiz, pagó presuntamente 100.000 euros al portero del Córdoba Raúl Navas por no ver los goles que llovían en su marco. Tote, capitán blanquiazul, habría actuado de intermediario en esos trapicheos, de acuerdo con el sumario.
El juez La Fuente ha dictado un auto en el que deniega el traslado de las actuaciones judiciales al CSD y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como solicitaba la Fiscalía, para proteger el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
Entiende el magistrado, a quien recayó el asunto por inhibición del instructor del 'caso Brugal', Carlos San Martín, que debe proteger a los implicados, ya que no han cometido delito alguno. La Fiscalía Anticorrupción discrepa de su tesis. No hay delito, sí. Pero existe una infracción administrativa que genera gran «trascendencia social», afecta a las quinielas y perjudica tanto social como económicamente a otros clubes y sus aficiones.
Con toda seguridad, la última palabra la pronunciará un tribunal de la Audiencia Provincial. Y es más que probable que los magistrados refrenden los criterios del juez, que se sustentas en su auto en una auténtica batería de resoluciones del Supremo y el Constitucional.
Pero la Abogacía del Estado ha entrado en escena. La duda es si puede utilizar las 'escuchas' obtenidas en la vía penal para abrir la vía administrativa y sancionar al Hércules incluso con la pérdida de la categoría. Un especialista del Derecho penal opina que no existe ningún impedimento para ello, pero la cuestión no está del todo clara.
En cualquier caso, la irrupción en escena del Consejo Superior de Deportes trastoca el panorama. Fundamentalmente porque, digan lo que digan los tribunales, sus responsables tendrán las evidencias en sus manos.
El último auto del juez parecía dejar en Primera al Hércules. Pero el asunto se ha enredado de tal forma que la culebra continuará moviéndose nerviosa, sin destino claro, durante el mes de agosto. No es que la Fiscalía haya recurrido la negativa del magistrado José Luis la Fuente a facilitar las intervenciones telefónicas que revelan la compra de partidos para ascender a Primera. La clave estriba ahora en que el Consejo Superior de Deportes (CSD), a través de la Abogacía del Estado, se ha personado en las diligencias y por lo tanto tiene ya acceso a las escuchas.
Según fuentes jurídicas consultadas por este diario, el Estado ha decidido intervenir mediante un escrito presentado el pasado 3 de agosto, con el objetivo de «defender el interés público». Todo apunta a que los servicios jurídicos al servicio del Gobierno han actuado en este asunto a petición del propio secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky.
Esa maniobra jurídica permite a los organismos deportivos acceder a los indicios y pruebas que señalan al Hércules como un club tramposo por sus presuntos intentos de comprar a varias plantillas rivales (Salamanca, Recreativo de Huelva y Girona). Lissavetzky debe tener a estas horas la transcripción de las grabaciones sobre la mesa de su despacho. Otra cosa es que pueda utilizarlas.
Las conversaciones intervenidas en el marco de la 'Operación Brugal' han destapado que el amaño fructificó en la jornada 36 de la pasada temporada, cuando el máximo accionista del equipo, Enrique Ortiz, pagó presuntamente 100.000 euros al portero del Córdoba Raúl Navas por no ver los goles que llovían en su marco. Tote, capitán blanquiazul, habría actuado de intermediario en esos trapicheos, de acuerdo con el sumario.
El juez La Fuente ha dictado un auto en el que deniega el traslado de las actuaciones judiciales al CSD y a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como solicitaba la Fiscalía, para proteger el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.
Entiende el magistrado, a quien recayó el asunto por inhibición del instructor del 'caso Brugal', Carlos San Martín, que debe proteger a los implicados, ya que no han cometido delito alguno. La Fiscalía Anticorrupción discrepa de su tesis. No hay delito, sí. Pero existe una infracción administrativa que genera gran «trascendencia social», afecta a las quinielas y perjudica tanto social como económicamente a otros clubes y sus aficiones.
Con toda seguridad, la última palabra la pronunciará un tribunal de la Audiencia Provincial. Y es más que probable que los magistrados refrenden los criterios del juez, que se sustentas en su auto en una auténtica batería de resoluciones del Supremo y el Constitucional.
Pero la Abogacía del Estado ha entrado en escena. La duda es si puede utilizar las 'escuchas' obtenidas en la vía penal para abrir la vía administrativa y sancionar al Hércules incluso con la pérdida de la categoría. Un especialista del Derecho penal opina que no existe ningún impedimento para ello, pero la cuestión no está del todo clara.
En cualquier caso, la irrupción en escena del Consejo Superior de Deportes trastoca el panorama. Fundamentalmente porque, digan lo que digan los tribunales, sus responsables tendrán las evidencias en sus manos.
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